Abusan Motorola y Sanmina de empleados extranjeros en Tamaulipas: rompen acuerdo del TMEC

Corporativos norteamericanos instalados en Reynosa se brincan leyes para evadir al IMSS y al SAT, despiden sin justificación y abusan sistemáticamente de empleados extranjeros

La empresa Motorola México, S.A. de C.V., y sus empresas filiales Sanmina Corporation Inc. y Sanmina SCI de México, con operaciones en Reynosa, Tamaulipas; atropellan los derechos laborales de empleados de origen extranjero y ya fueron denunciadas por varios ex trabajadores que exigen justicia. 

La industria manufacturera es uno de los sectores que más empleos genera en la frontera con Texas, EE.UU., pero algunas empresas no siempre actúan con honestidad y transparencia.

A pesar del avance de las leyes de protección a los trabajadores, algunos corporativos desamparan a sus trabajadores y los hacen víctimas de la inseguridad jurídica; tal es el caso de Motorola México, S.A. de C.V. y sus aliadas Sanmina Corporation Inc. y Sanmina SCI de México.

Estas empresas contratan personal en Estados Unidos y los envían a sus plantas en Tamaulipas, les otorgan salario en la moneda norteamericana, pero no les entregan garantías establecidas en la Ley Federal del Trabajo en México, como son el derecho a una pensión económica de invalidez, pensión de cesantía, pensión de vejez, derecho a guarderías infantiles, asistencia médica hospitalaria, ni prestación económica alguna o en especie.

Dentro de algunas de las prestaciones que les corresponden a los contratados por este esquema se encuentran el Seguro Social y tener acceso al Infonavit, que permitirían el derecho a una pensión por retiro entre otros beneficios. 

Mentiras constantes a empleados extranjeros

Uno de los casos más graves de abuso y explotación documentados de esta empresa es el de los ciudadanos estadounidenses Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez. Quienes fueron despedidos sin causa o motivo justificado de sus labores después de laborar para ellos durante muchos años. 

Motorola México, S.A. de C.V. y sus aliadas Sanmina Corporation Inc. y Sanmina SCI de México, a través de sus directivos y apoderados les dijeron a Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez, que no tenían derecho a indemnización constitucional ya que estaba en una nómina americana y no gozaban de ninguna prestación en México.  

Ante esta injusticia tuvieron que demandar en la Junta de Conciliación y Arbitraje de Reynosa esta acción y se abrieron los expedientes correspondientes ante la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia de esa ciudad. 

Durante el tiempo que laboraron, recibieron su salario, pero nunca se le otorgaron prestaciones igual que al resto de los trabajadores de origen mexicano. 

En ningún momento recibieron aguinaldos, vacaciones, tiempo extraordinario, reparto de utilidades, días festivos, ayuda de transporte, entre otras. 

Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez, emprendieron acciones legales en México y en Estados Unidos de Norte América, ya denunciaron a los corporativos por incumplir con los beneficios inherentes otorgados a cualquier trabajador, tal es el caso de su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y pagar las cuotas correspondientes a cargo de las empresas señaladas. 

Los directivos de Motorola y Sanmina los engañaron, asegurando que los empleados extranjeros no tienen derecho a ninguna prestación de ley en México, mucho menos a las de seguridad social. Argumentan que debido a que los trabajadores en EE.UU. son contratados bajo el término “Work at Will”, ellos no estaban sujetos a ninguna ley federal, estatal o tratado Internacional como es el caso del T-MEC o bien, su nombre en inglés USMCA (United States México, Canadá Agreement). 

Sin embargo, la Constitución de México y el mismo T-MEC (USMCA), protegen a los trabajadores extranjeros igual que a los nacionales. 

Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez se quedaron sin la posibilidad de obtener el derecho de una pensión por retiro y tampoco a un crédito para la vivienda, no obstante que el USMCA exige que los tres países cumplan con las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los derechos de los trabajadores.  

Defraudación a las leyes mexicanas y llamado a más trabajadores en las mismas circunstancias 

A medida que pasa el tiempo los trabajadores “foráneos”, o bien, denominados “americanos” han alzado su voz con acciones legales en México en contra sus ex empleadores, en busca de que cesen esas prácticas discriminatorias y que cumplan con todas las obligaciones laborales internacionales, de lo contrario, más empleados extranjeras seguirán siendo víctimas de su falta de honestidad.

Las violaciones al derecho laboral antes mencionadas son consideradas graves, por lo que Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Motorola México, S.A. de C.V., y sus empresas filiales Sanmina Corporation Inc. y Sanmina SCI de México.

Por este motivo se abrieron las carpetas de Investigación ante la Fiscalía General de la República: FED/TAMP/REY/0002600/2022 Y FED/TAMP/REY/0000645/2022, en las que se señalan como imputados a los directivos Luis Carranza, Veronica Gallegos, Jure Sola, Kurt Adzema, Greg Brown, Gino A. Buonanotte, Bill Thai, Susan Johnson y Jason Winkler. Quienes no han dado la cara para responder por los actos cometidos por sus empresas. 

La compañía y los imputados han sido citados en varias ocasiones a comparecencias con la autoridad, pero se han negado. 

Se espera que en breve sean giradas las órdenes de presentación con auxilio de la policía para hacer cumplir lo dicho por la Fiscalía General de la República. 

Una fuente indicó a Tamaulipas Post que la empresa abusa sistemáticamente de los trabajadores, que este no es el único caso, pero otros afectados tienen temor de hacer las denuncias. 

Hasta el momento, solo Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez tuvieron el valor de enfrentar al corporativo de manera legal. 

Adicionalmente a las acciones que han emprendido en México, los trabajadores también están preparando las quejas y denuncias correspondientes ante la Oficina de Asuntos Internacionales (Bureau of International Labor Affairs), así como una petición denominada “Rule 202” la cual va a ser presentada en la Corte del Condado de Hidalgo, en Edinburg, Texas. 

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