Las empresas Motorola México y Sanmina Corporation Inc. se niegan a responder ante la justicia por sus actos en contra de trabajadores extranjeros, despedidos de forma injustificada de su planta ubicada en Reynosa, Tamaulipas.
En medio de una serie de irregularidades documentadas ante la Fiscalía General de la República, estos corporativos continúan sin dar solución a las demandas laborales que exigen sus ex colaboradores extranjeros que fueron discriminados por sus malas prácticas administrativas.
Tamaulipas Post documentó en un reporte anterior que estas empresas contratan personal en Estados Unidos y los envían a sus plantas en Tamaulipas, les otorgan salario en la moneda norteamericana, pero no les entregan garantías establecidas en la Ley Federal del Trabajo en México, como son el derecho a una pensión económica de invalidez, pensión de cesantía, pensión de vejez, derecho a guarderías infantiles, asistencia médica hospitalaria, ni prestación económica alguna o en especie.
A pesar de las constantes peticiones de los extrabajadores Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez, Motorola y Sanmina han hecho caso omiso en comparecer ante la Fiscalía General de la República en la ciudad fronteriza de Reynosa, para atender tres carpetas de investigación en las que se persigue su probable responsabilidad penal por parte de los directivos.
La FGR citó a los apoderados jurídicos en México, así como a los directivos de Motorola y Sanmina, Jure Sola, Luis Carranza, Kurt Adzema, Veronica Gallegos, Greg Brown, Gino A. Buonanotte, Bill Thai, Susan Johnson, Jason Winkler, entre otros.
Los citados no han acudido y atendido la investigación y se prevé que la FGR emita nuevos citatorios para que dichas personas comparezcan y rindan su declaración a través de la fuerza pública.
Se presume que los directivos son responsables por los delitos de defraudación a los regímenes del Instituto Mexicano de Seguro Social, sancionados por los artículos 307 y 308 de la Ley del Seguro Social.
Dichas prácticas, han sido implementadas para seguir evadiendo en todo momento el “Cumplimiento Laboral” de todos y cada uno de los derechos constitucionales, así como por la normatividad establecidas por el tratado internacional T-MEC, Ley Federal del Trabajo, y la Ley del Seguros Social; así como por los lineamientos establecidos por la Organización Internacional de los Trabajadores.
Los directivos de Motorola y Sanmina los engañaron, asegurando que los empleados extranjeros no tienen derecho a ninguna prestación de ley en México, mucho menos a las de seguridad social. Argumentan que debido a que los trabajadores en EE.UU. son contratados bajo el término “Work at Will”, ellos no estaban sujetos a ninguna ley federal, estatal o tratado Internacional como es el caso del T-MEC o bien, su nombre en inglés USMCA (United States México, Canadá Agreement).
Sin embargo, la Constitución de México y el mismo T-MEC (USMCA), protegen a los trabajadores extranjeros igual que a los nacionales.
FGR-CITAEL ENGAÑO: MODUS OPERANDI DE MOTOROLA
Los extrabajadores Mónica Olazeranh, Michael Rolfe y Edgar Sáez son trabajadores formaron parte de dichas empresas investigadas por más de 15 años, gozaban de una estabilidad en el empleo, en donde adicionalmente laboraban tiempo extra en beneficio de las empresas.
Pero fueron despedidos injustificadamente de sus labores, sin importar por ejemplo que Mónica Olazeranh, se encontraba en un periodo de incapacidad médica determinada por los médicos especializados. Para desfortuna, recurrieron a abogados para una asesoría legal, sin embargo, estos resultaron ser abogados de las propias empresas hoy investigadas.
Dichos abogados, por instrucciones de los directivos de las empresas, les aconsejaron “el no hacer nada y esperar a que la empresa emita una decisión”, sin embargo, ellos optaron por buscar otro tipo de asesoría y exigir sus derechos ante las autoridades competentes.
Actualmente la salud de la Sra. Olazeranh mermó a consecuencia de no haber podido recuperarse médicamente de su incapacidad, lo que la inhabilita poder tener cuidado por si misma.
Por su parte, el Sr. Michael Rolfe perdió su casa y otros bienes de su patrimonio para sufragar los costos de vida que le otorgaba su estabilidad laboral con las empresas inculpadas.
Por último, el Sr. Sáez perdió también su casa, amistades e inclusive esta lidiando con demandas en los EUA como consecuencia de la determinación arbitraria de terminar la relación laboral sin causa justificada. Ninguno de los trabajadores pudo obtener información ante el IMSS y otras dependencias relacionadas, dado que las empresas jamás cumplieron con sus obligaciones en México para con los trabajadores.